La Oficina Anticorrupción apeló fallo a favor de Montiel

El Juez de Instrucción Dr. Ricardo Maldonado si bien consideró que la conducta del ex Gobernador Montiel configuró un presunto Abuso de Poder y Desvió de Fondos Públicos -delitos tipificados en los artículos 248 y 260 del Código penal-, entendió que la acción penal se encontraba prescripta respecto de estos delitos y que los elementos de prueba existentes hasta el momento no eran suficientes para citar a indagatoria al ex mandatario por posible sustracción de fondos públicos o administración fraudulenta. Recordemos que el hecho había sido puesto en conocimiento de la Justicia luego de que el Tribunal de Cuentas remitiera en julio de 2005 las conclusiones del Dictamen Fiscal Conjunto respecto a un presunto perjuicio fiscal para el erario provincial que no sería inferior a $ 1.500.000 en razón del sobreprecio abonado en la compra a los que correspondía adicionar los $ 3.947.574, que ocasionaron las reparaciones luego de la adquisición. Según se informó oficialmente, el reclamo de resarcimiento por daños y perjuicios tomara en cuenta además la propia resolución penal del Juez Maldonado que entre otras consideraciones luego de analizar la prueba admitió un posible desvío de fondos públicos y abuso de poder, agregando además “ que indudablemente se pagó un precio mayor al conveniente y que tuvieron que hacer erogaciones mayores aún para acondicionar la nave” y que con su resolución no pretendía vulnerar el eventual “ reproche civil que pudiera corresponder por la pésima administración de fondos públicos caracterizada en este caso por el “ desorden, ineficiencia y desprolijidades”.