Basavilbaso, Entre Ríos
Política y Economía | El Poder Ejecutivo provincial presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para autorizar cambios en el contrato con el agente financiero de Entre Ríos, en el marco de una reorganización societaria que involucra a los bancos de Entre Ríos, Santa Fe y San Juan.
El gobierno de Rogelio Frigerio remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley mediante el cual solicita autorización para modificar la relación contractual con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., actual agente financiero de la provincia.
La iniciativa responde a una operación de absorción societaria por la cual el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. incorporaría al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y al Banco de San Juan S.A., convirtiéndose en la entidad continuadora.
El proceso está sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que la sede de la entidad resultante quedaría establecida en Santa Fe, por lo que Paraná dejaría de albergar la casa central del banco que actualmente cumple las funciones de agente financiero provincial.
En el mensaje enviado a la Legislatura, el Ejecutivo explica que el contrato suscripto el 15 de septiembre de 2020 establece condiciones específicas para cualquier modificación de la estructura societaria del banco y para el traslado de su sede.
En consecuencia, la provincia debe prestar su consentimiento para que la entidad continuadora asuma la posición contractual del Nuevo Banco de Entre Ríos.
El proyecto consta de dos artículos y faculta al Poder Ejecutivo a autorizar esa sustitución, así como el cambio de domicilio de la casa central, una vez cumplidos los requisitos legales y regulatorios correspondientes.
La propuesta establece que deberán mantenerse los derechos de la provincia y las obligaciones asumidas por el agente financiero, incluidas aquellas que se encuentren pendientes al momento de concretarse la operación.
El mensaje oficial señala que el banco cumple funciones que exceden las de una entidad comercial, debido a su condición de agente financiero y caja obligada del Estado entrerriano. Por esa razón, el cambio propuesto tiene consecuencias institucionales y contractuales que requieren la intervención de la provincia.
Para evaluar la solicitud, el Ejecutivo requirió informes a la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero (Uocaf), a los organismos jurídicos competentes y a la Secretaría Legal y Técnica.
Según los fundamentos remitidos a Diputados, las áreas consultadas consideraron jurídicamente viable otorgar la autorización. Sin embargo, esa conclusión no implica que el Estado provincial esté obligado a concederla.
El consentimiento constituye una decisión que debe adoptar la provincia en función de sus intereses y de las condiciones establecidas en el contrato vigente.
Aunque el Ejecutivo podría resolver administrativamente la solicitud, optó por enviar el proyecto a la Legislatura debido a la trascendencia institucional de la medida.
El gobierno sostiene que la reorganización no deberá afectar las prestaciones que recibe el Estado provincial ni la atención de los usuarios.
En particular, se prevé mantener la red de sucursales, la cobertura de cajeros automáticos y la continuidad de los servicios vinculados con la administración financiera de la provincia.
La autorización solicitada tampoco supone la extinción de compromisos anteriores. La entidad que asuma el contrato deberá responder por las obligaciones vigentes y pendientes, sin alterar los derechos reconocidos al Estado entrerriano.
De aprobarse la iniciativa, el Ejecutivo quedará facultado para prestar el consentimiento provincial, aunque la concreción de la operación dependerá también de las autorizaciones de los organismos nacionales competentes.
De esta manera, la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre una modificación que, además de cambiar la estructura jurídica del agente financiero, implica el traslado de su sede central fuera de Entre Ríos.
Fuente: AIM.
