Basavilbaso, Entre Ríos
Política | Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital impulsado por el poder Ejecutivo. La oposición no acompañó la iniciativa y cuestionó que el texto deja vacíos en materia de soberanía de datos, ciberseguridad e infraestructura tecnológica, al tiempo que amplía las facultades del Ejecutivo y habilita contrataciones directas.
La iniciativa avanzó con los votos del oficialismo, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría y advirtió sobre los riesgos que implica digitalizar el funcionamiento del Estado sin establecer mayores resguardos sobre los datos de los entrerrianos.
La presidenta de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Susana Pérez, defendió el proyecto y sostuvo que la legislación vigente "fue un avance en su momento, pero hoy quedó corta y obsoleta frente a lo que la tecnología permite y la gente necesita, espera y reclama".
En ese sentido, explicó que el artículo 14 establece una implementación mediante cronogramas y pautas, por lo que el cambio "no será de un día para otro". Asimismo, destacó que "la firma digital y la electrónica tendrán la misma validez que la holográfica".
La legisladora resaltó además la incorporación del denominado principio de "una sola vez", es decir, el artículo 27 prohíbe a los organismos solicitar un certificado o dato que ya generó o ya se tiene, lo que constituye una obligación para la Administración y un derecho para los ciudadanos.
Uno de los puntos más cuestionados durante el debate fue la posibilidad de realizar contrataciones directas vinculadas al proceso de transformación digital. Al respecto, Pérez justificó esa herramienta al señalar que actualmente el Estado provincial no cuenta con infraestructura propia suficiente.
"Hoy no estamos en condiciones de proveer casillas de correo seguras para toda la administración, lo que significa que la información pública y datos de los entrerrianos circulan por servicios que la provincia no contrató, nadie audita y no le responde a nadie", afirmó.
Además, aseguró que "esto es una Ley de seguridad en la información", ya que el capítulo seis establece que "las bases de datos del Estado serán activos públicos bajo custodia estatal, con principios de seguridad, confidencialidad y trazabilidad".
Sin embargo, argumentó que para alcanzar ese objetivo "hay que poder comprar lo que hace falta". Según Pérez, la norma apunta a fortalecer "la capacidad del Estado entrerriano de funcionar y cuidar lo que le confía el ciudadano, con herramientas acordes a lo que vivimos".
La oposición advirtió sobre vacíos y discrecionalidad Desde el peronismo cuestionaron que el proyecto avanzó sin incorporar modificaciones que consideraban centrales para garantizar la protección de la información y limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, recordó que durante el tratamiento en comisión plantearon la necesidad de "enriquecer el proyecto" e incorporar capítulos específicos sobre infraestructura tecnológica, soberanía tecnológica, soberanía de los datos y ciberseguridad.
"Avanzar en un proyecto que prometa modernizar y digitalizar, que no legisle sobre estas cuestiones, es un riesgo enorme. Lo que aparece como una oportunidad termina siendo un riesgo. Digitalizar no es nunca a cualquier costo, hay que generar reglas de juego que sean claras", afirmó.
Al respecto, cuestionó además que el oficialismo no habilitara la participación de especialistas propuestos por la oposición. "No fuimos escuchados", señaló, y explicó que esa situación llevó al bloque a presentar un dictamen de minoría.
"Nosotros también queremos digitalizar y modernizar el Estado, pero cuidar a los entrerrianos", subrayó la legisladora, quien puso el foco especialmente en el destino y la jurisdicción de la información que manejará el Estado una vez profundizado el proceso de digitalización.
"Importa dónde están los datos de los entrerrianos, bajo qué jurisdicción van a estar, qué pasa si hay un ciberataque, cómo se protege la identidad y los datos biométricos. Todo esto no está legislado", advirtió. P
ara Stratta, la ausencia de una definición sobre la jurisdicción constituye uno de los puntos más delicados del texto. "No solamente no estamos diciendo que los datos queden en Entre Ríos o en Argentina, ni siquiera estamos garantizando que estén bajo jurisdicción argentina", cuestionó.
También remarcó que la tecnología dejó de ser una cuestión accesoria en el funcionamiento estatal, debido a que atraviesa áreas sensibles como salud, seguridad y administración tributaria: "Digitalizar la relación del ciudadano con el Estado requiere de un andamiaje legal, institucional y tecnológico que no está legislado en el proyecto del oficialismo".
Finalmente, la legisladora cuestionó las facultades que el proyecto delega en la reglamentación y la posibilidad de efectuar contrataciones directas. "Hablan de transparencia, pero aumenta la discrecionalidad", afirmó.
Con la media sanción de Diputados, la iniciativa deberá continuar ahora su trámite legislativo en el Senado.
Fuente: AIM.
