Basavilbaso, Entre Ríos
Política | Luis Lafferriere volvió sobre un artículo publicado en 2013 y cuestionó la legislación entrerriana sobre aplicaciones de fitosanitarios. También se refirió a recientes decisiones del Superior Tribunal de Justicia.
El integrante de la Cátedra por un Mundo Nuevo, Luis Lafferriere, volvió a plantear fuertes cuestionamientos al modelo productivo basado en cultivos transgénicos y utilización de agroquímicos y reclamó mayores medidas de protección para las poblaciones cercanas a las zonas donde se realizan aplicaciones.
En un artículo especial publicado este domingo por AIM, Lafferriere retomó conceptos de un texto que había difundido en 2013 y los actualizó a partir de la situación que, según su análisis, atraviesa actualmente Entre Ríos.
El autor sostiene que durante las últimas décadas se produjo una expansión de la agricultura basada en semillas transgénicas y productos químicos, proceso que vincula con transformaciones productivas iniciadas durante la década de 1990 y profundizadas posteriormente.
En su análisis responsabiliza a sucesivos gobiernos nacionales y provinciales por la continuidad del modelo y advierte sobre sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias.
Lafferriere utiliza expresiones particularmente críticas para describir esa situación y califica el proceso como un “plan genocida”. Se trata de una caracterización del autor, quien sostiene que existen investigaciones, informes médicos y experiencias de poblaciones expuestas que justificarían la aplicación del principio precautorio frente al uso de determinados productos.
Una parte central del artículo está vinculada con recientes decisiones judiciales adoptadas en Entre Ríos.
Lafferriere cuestionó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por rechazar dos acciones de amparo ambiental relacionadas con pulverizaciones.
Uno de los casos corresponde a los barrios Tierra Alta, en Colonia Ensayo, mientras que el segundo involucra a una familia de Aldea Brasilera.
En instancias anteriores se habían establecido restricciones para las aplicaciones terrestres dentro de un radio de 1.095 metros y de 3.000 metros para las aéreas.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó posteriormente los amparos al considerar, entre otros argumentos, que esas distancias no son las establecidas por la Ley provincial de Fitosanitarios Nº 11.178.
A partir de esas resoluciones, vecinos y familiares involucrados en los planteos reclaman la revisión de las medidas, el mantenimiento de una distancia mínima de 1.095 metros y cuestionan la constitucionalidad de la normativa vigente.
El artículo incorpora además declaraciones de la concejal de Urdinarrain Mónica Feyt, identificada por Lafferriere como una histórica referente de los reclamos contra el uso de agroquímicos.
Feyt cuestionó la Ley Nº 11.178 y el denominado Protocolo de Buenas Prácticas, al considerar que significaron un retroceso respecto de las distancias de protección.
Lafferriere, por su parte, sostiene que la problemática atravesó administraciones de distintos signos políticos y considera que el actual Gobierno entrerriano profundizó una orientación que, según su interpretación, ya venía desarrollándose desde gestiones anteriores.
Finalmente, plantea a la agroecología, la producción diversificada y los emprendimientos de menor escala como alternativas al actual esquema productivo y reclama políticas públicas que favorezcan esas modalidades.
El planteo vuelve a poner en discusión uno de los debates ambientales y productivos de Entre Ríos: cómo compatibilizar la actividad agropecuaria con la protección de la salud, el ambiente y las poblaciones ubicadas en cercanías de las áreas productivas.
Fuente: AIM.
