Vialidad reclama millones de dólares a CFK y otros procesados

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) les reclama unos 1.200 millones de dólares a la ex Presidente Cristina Kirchner y a otros procesados en el marco de la causa por presunto fraude en la obra pública. Se trata de la investigación que tiene a cargo el Juez federal Julián Ercolini por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, actualmente detenido. A partir de la investigación, la Dirección de Vialidad rescindió 24 contratos por estar inconclusos y en los cuales se detectaron los daños ocasionados por el retraso en las obras y los costos administrativos, entre otros puntos. Es por ello que el organismo reclamó que, en caso de recaer condena en juicio oral y público contra los acusados, los bienes patrimoniales sean otorgados al Estado Nacional. Días atrás, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido que la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su Gobierno fueran enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en perjuicio del Estado Nacional. El pedido fue hecho al Juez federal Julián Ercolini luego del planteo de las querellas de la causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y todo indica que antes de fin de año el caso pasará a un Tribunal Oral Federal. Los Fiscales incluyeron en la solicitud al ex Ministro de Planificación Federal Julio de Vido; el empresario detenido Lázaro Báez; al ex Secretario de Obras Públicas José López; al ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el ex Director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y a Martín Báez. “Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”, sostuvieron los fiscales en el requerimiento. La causa señala que la “apropiación de los fondos del Estado” permitió la mayor “concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur”, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de ‘beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado’. Ahora, los procesados en esta investigación que tienen un embargo de 10.000 millones de pesos cada uno y la afectación de 180 propiedades, en total, para hacer frente a dicha medida, tendrían que resarcir al Estado por una suma millonaria. Habrá que ver con el transcurso de los días si los procesados se hacen cargo del mencionado resarcimiento, en una decisión que causó impacto, en un día de resonantes noticias en material judicial.