Judiciales | El Tribunal Oral 2 explicó su sentencia en 1.616 fojas. Los Jueces no hicieron lugar a la asociación ilícita. Las partes tienen diez días hábiles para apelar.
El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer en la mañana de este jueves los fundamentos de su veredicto en la denominada causa Vialidad y desde ahora todas las partes tendrán diez días hábiles para apelarlo ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellas la defensa de la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio que culminó el 6 de diciembre de 2022.
Los Jueces no hicieron lugar a ninguna de las nulidades planteadas por las defensas “en la discusión final”, según se detalla en la resolución.
En otro pasaje, los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso concluyeron que entre 2003 y 2015 hubo "manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez".
Para el Tribunal, la maniobra defraudatoria “tuvo un final signado por el mismo suceso que determinó su comienzo: un resultado electoral”. Este acto, “democrático por antonomasia y reivindicativo de la estabilidad del modelo de Estado elegido por nuestros constituyentes, definió a su vez el desenlace del plan criminal y su cese ejecutivo”.
“La explicación de tan singular coincidencia reside en el factor de que las irregularidades que caracterizaron la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz -que es todo cuanto se encuentra bajo juzgamiento- sólo podían prosperar en un marco de cooperación y coordinación entre personas en ejercicio de la función pública”, argumentaron los magistrados.
En relación al delito de “asociación ilícita”, dos de los integrantes del Tribunal (Gorini y Giménez Uriburu), concluyeron que "no ha podido demostrarse" la existencia de ese delito y todos los acusados, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, resultaron absueltos.
La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.
Tras dar a conocer su decisión al final de un juicio oral, los magistrados distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.
Del lado de los Fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una fuerte morigeración de las penas.
Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado; el de administración fraudulenta.
Además, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya "no es ni lawfare ni Partido Judicial" sino "un Estado paralelo y mafia judicial".
