Tragedia de Once: condenados detenidos

Luego de que la Cámara de Casación rechazara los recursos extraordinarios que presentaron para intentar acudir a la Corte Suprema en uno de los juicios por la tragedia ferroviaria de Once wl Fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 Juan García Elorrio pidió la detención de los tres condenados. Ayer al mediodía se presentaron en Comodoro Py el motorman Córdoba, luego Cirigliano y posteriormente Schiavi, junto a sus abogados. Por la tragedia del 22 de febrero de 2012 murieron 51 personas y más de 700 resultaron con heridas, cuando una formación del tren Sarmiento, chocó con la plataforma. Fuentes tribunalicias informaron que Cirigliano pidió prisión domiciliaria. En tanto, el gremio ferroviario de La Fraternidad anunció que apelará la prisión de Córdoba, al señalar que “esta decisión de la Justicia de encarcelar a un trabajador nos obligará a emplear todos los recursos legales y sindicales que nos asisten”. El arresto por la causa de Once también alcanzó al funcionario que ejerció la Secretaría de Transporte antes que Schiavi, Ricardo Jaime, ya en prisión por la causa de la compra de material ferroviario usados a España y Portugal, que se comprobó que era inservible. Por la tragedia, Jaime tiene una condena a 7 años de prisión; Schiavi, a 5 años y medio; Cirigliano, a 7 años; y el maquinista Córdoba, a 3 años y 3 meses. La tragedia de Once tendrá otro capítulo conexo el próximo miércoles, cuando se de a conocer el veredicto del segundo juicio por esta causa, contra el ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, detenido por otras causas. El Fiscal Juan García Elorrio pidió para De Vido nueve años en prisión. La decisión de prisión efectiva suscitó la reacción de los familiares de las víctimas. Entre ellas, María Luján Rey, madre del joven Lucas Menghini Rey, quien recordó que cuando inició su lucha en busca de justicia le decían: “nunca nadie va a ir preso”. Pero ante ello, remarcó, “nunca bajamos los brazos, nunca dejamos de creer en que la verdad”. El primer juicio concluyó en diciembre de 2015, pero las prisiones quedaron sujetas a la confirmación del fallo, que fue ratificado en mayo último por la Sala III, y la semana pasada por Casación, por los delitos de defraudación contra la administración pública, entre otros. Los Jueces de la Cámara de Casación, por mayoría, rechazaron los recursos elevados para llegar en apelación a la Corte Suprema al sostener que “no rebatieron los argumentos esgrimidos por esta Sala en la resolución que se cuestiona, limitándose a describir su particular visión sobre el asunto”. Los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi dispusieron con sus firmas el rechazo, en tanto Carlos Mahiques votó en disidencia parcial.