Basavilbaso, Entre Ríos
Política | El oficialismo irá al recinto con este proyecto la próxima semana. El dictamen tuvo consenso entre el oficialismo y los aliados, pero hubo un pedido formal para incorporar un artículo que defina las asignaciones presupuestarias del Poder Ejecutivo.
Las comisiones de Salud y Legislación General del Senado pasaron a la firma este jueves la reforma de la Ley de Salud Mental. Desde el oficialismo pretenden llevarlo al recinto el próximo jueves 22 de octubre.
El bloque peronista no acompañó y los aliados pidieron por las asignaciones presupuestarias de la iniciativa.
La reunión, realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, estuvo encabezada por la presidente de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, y por la titular de Legislación General, Nadia Márquez, ambas del oficialismo.
El texto puesto a consideración fue el resultado de una serie de cambios incorporados tras meses de discusión con especialistas, representantes provinciales y legisladores de distintos espacios políticos.
Uno de los puntos diferenciales del actual marco normativo es el nuevo esquema de intervención judicial que esta reforma plantea. En el despacho, las órdenes de internación voluntaria pasarán a ser comunicadas y no autorizadas por un juez.
De todos modos, cada juzgado podría requerir informes o peritajes, o dejar sin efecto una internación injustificada.
Además, se incorpora la ludopatía al concepto de adicciones y la referencia general a parientes se limita a padres o hijos, manteniendo a representantes legales, cónyuges y convivientes. Se agrega, también, la conformación de equipos según los recursos humanos de cada provincia, dejando abierta la posibilidad de teleconsulta de psiquiatras.
El dictamen propone un régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos, autonomía progresiva, derecho a ser escuchados, confidencialidad, abordaje familiar y comunitario.
Quedarán prohibidas las prácticas manicomiales y será restituido un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral, y se refuerza la promoción y prevención.
Se define la internación prolongada por más de 180 días corridos o acumulados por reinternaciones en dos años, con intervención inmediata de oficio del órgano de revisión; se exceptúan los pacientes con problemática exclusivamente social; y se incorpora un registro de internaciones prolongadas.
Finalmente, se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo.
