Skanska: procesaron a De Vido y a López por coimas y fraude

Se trata de la investigación que busca determinar si hubo uso de facturas truchas y pago de coimas por parte de la multinacional de origen sueco a funcionarios nacionales para la construcción de gasoductos en el país. La causa se había iniciado en 2006 y se reactivó en los últimos años luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación validara una grabación de un directivo de Skanska en la que reconocía el pago de sobornos a funcionarios argentinos para poder acceder a la licitación de ampliación de gasoductos norte y sur en el país. La grabación corresponde al gerente comercial Javier Azcárate, quien explicaba cómo eran las operaciones ilegales de pago de sobornos y de qué manera la constructora había creado un sistema de facturación falsa para justificar la erogación de fondos, simulando trabajos que no se realizaban. El Juez Casanello evaluó que la licitación pública "no se realizó y se modificó hacia un concurso privado", al cual fue invitado un grupo estrecho de empresas. Al reactivarse la causa, el Fiscal Carlos Stornelli había pedido más de 30 declaraciones indagatorias que comenzaron en diciembre de 2016 y se llevaron a cabo durante todo este año: ahora Casanello procesó sin prisión preventiva a De Vido y López, aunque ambos están detenidos en el penal de Ezeiza por otras causas. En su resolución, el Juez Casanello consideró las diferencias de precios entre el presupuesto de las obras y lo pagado por ellas, que resultó ser de 185 millones de pesos: de acuerdo a la evaluación de la documentación de la firma Skanska el pago de sobornos fue por un total de 14 millones de pesos. Según sostuvo el Juez, De Vido creó un esquema jurídico de delegación de funciones que le permitió determinar a través de sus dependientes, como López, la maniobra para direccionar las obras en favor de Skanska. Los embargos que fijó el Juez hacia los funcionarios fueron de 49 millones de pesos. El caso Skanska fue el primer escándalo que estalló en el kirchnerismo, cuando Néstor Kirchner atravesaba su tercer año de gestión y se comenzó a estudiar la hipótesis de un delito penal por el cual la compañía sueca habría pagado un 150% por ciento de sobreprecios a empresas fantasma para la construcción de los gasoductos del norte y el sur. La causa que marcó judicialmente la primera etapa de ese Gobierno había sido archivada al ser sobreseídos todos los implicados, pero un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación la reabrió al tomar como válida una prueba clave: la grabación. Para la Fiscalía, López y De Vido podrían haber sido destinatarios de "comisiones indebidas", por lo que los responsabilizó de ser "parte de la maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Nacional".