Procesaron a CFK por el delito de asociación ilícita
Judiciales | Lo decidió el Juez Julián Ercolini. Es por direccionar obras a Báez. La embargó por $ 10 mil millones. También procesó al empresario sureño, De Vido y López.
Ercolini procesó a la ex Presidente Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de obras públicas viales a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
En el mismo fallo, el magistrado también procesó a la ex mandataria por administración fraudulenta agravada, al considerar que durante su gestión se otorgaron obras a las empresas de Báez de forma discrecional.
Ercolini dispuso, además, los procesamientos por asociación ilícita de Báez, del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido; del ex Secretario de Obras Públicas José López; del ex Director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner; y de los ex funcionarios Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Para el juez, Cristina Kirchner es "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
"La ex mandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca", enfatizó Ercolini.
Por esa razón, el magistrado ordenó un embargo sobre los bienes de la ex mandataria "hasta cubrir la suma de 10.000 millones de pesos".
Sobre De Vido, López, Periotti y Carlos Kirchner también dispuso un embargo por la misma cifra, en tanto que para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez ordenó otro por 2.500 millones de pesos.
Ercolini, en tanto, dictó la falta de mérito sobre el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, Ernesto Morilla, Graciela Oporto y Raúl Rodríguez.
"En definitiva, se permite demostrar que durante los años 2003 a 2015, a través de todos los mecanismos legales establecidos en la Constitución Nacional y por las autorizaciones expresas de las propias normativas sancionadas para ello, los funcionarios mencionados intervinieron en el constante y regular aumento del presupuesto asignado a la DNV (Dirección Nacional de Vialidad), con el fin de beneficiar a las empresas del grupo de Báez por las obras contratadas en la provincia de Santa Cruz", señaló el Juez.
