Judiciales | Afirman que está acreditada la responsabilidad de los ex funcionarios en una serie de adquisiciones irregulares de material ferroviarios a España y Portugal, realizadas entre 2003 y 2010, que implicaron un perjuicio para el Estado nacional de aproximadamente 30.856.130 euros.
n el marco de una nueva audiencia de alegato, la titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Gabriela Baigún, continuó su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 en el juicio seguido al ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y a otras personas por hechos de corrupción y por enriquecimiento ilícito, que habrían sido cometidos entre 2003 y 2010.
La Fiscal general contó con la colaboración de las auxiliares Fiscales Jesica Racki y Claudia Rebour -el jefe de despacho de la misma dependencia, Francisco Lorea Bonete, conforma también el equipo de trabajo en este juicio-, para el abordaje del tramo relativo a los delitos de cohecho y administración fraudulenta en el cual se encuentran señalados Jaime y el ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Tras la exposición de la fiscalia, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 29 de noviembre a las 12. Ese día las representantes del MPF culminarían su exposición, luego de un alegato que lleva cinco jornadas.
La Fiscalía consideró a lo largo de su exposición que se encuentra acreditada la responsabilidad de los ex funcionarios en una serie de adquisiciones irregulares de material ferroviarios a España y Portugal, realizadas entre 2003 y 2010, que implicaron un perjuicio para el Estado nacional de aproximadamente 30.856.130 euros.
Los hechos abarcados en este tramo del alegato incluyen un contrato de compra-venta, un acuerdo marco con la empresa Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) y un acuerdo de Cooperación para Provisión con el Ministerio de Fomento de España celebrados el 23 de junio de 2004, el 21 de marzo de 2006 y 1 de julio del 2010 por el ex titular de la cartera de Planificación Federal.
Además, abarcan diversos acuerdos, contratos y adendas entre el Estado Nacional y las empresas españolas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE), como también con la empresa portuguesa, celebrados por Jaime entre el 3 de noviembre de 2003 y el 20 de febrero de 2008.
La Fiscalía indicó que "una cantidad importante de material rodante adquirido se utilizó por escaso tiempo en el sistema ferroviario del país, pues se trataba de formaciones que no eran idóneas para los servicios a los que fueron destinadas".
La Fiscalía indicó que en muchos casos las compras eran incompatibles "con la red de vías y cuya calidad y funcionalidad real no se condecían con los objetivos del 'Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional'”.
En este marco, la fiscal Baigún señaló que los acusados violaron los deberes a su cargo y mediante una serie de actos jurídicos "comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado nacional, cuya administración les fuera confiada, generándose en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial".
La Fiscal señaló que los contratos relativos a la compras de material ferroviario "fueron suscriptos sin ningún tipo de previsión respecto de las necesidades del sistema ferroviario argentino, ni respecto de los talleres donde se realizarían las reparaciones y los montos que esa tarea conllevaría, con objetos imprecisos, ausencia de análisis técnicos-económicos del material a adquirir, falta de intervención oportuna -en su mayoría- de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y demás deficiencias que habrán de relatarse, y que dan cuenta de la desidia que caracterizaron estas compras".
En este mismo sentido, la representante del MPF indicó que "una cantidad importante de material rodante adquirido se utilizó por escaso tiempo en el sistema ferroviario del país, pues se trataba de formaciones que no eran idóneas para los servicios a los que fueron destinadas.
Esta afirmación se encuentra respaldada por el hecho de que al 2015, el 79 por ciento del material adquirido a España y Portugal durante la gestión de Ricardo Jaime a cargo de la Secretaría de Transporte, se encontraba fuera de servicio".
De esta manera, el MPF dio por acreditado que ambos acusados “determinaron la adquisición por parte del Estado de material rodante cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario”.
La Fiscalía detalló en la exposición de la prueba material cuadros gráficos sobre el porcentaje y volúmenes del material ferroviario deshabilitado que no fue reparado y generó un perjuicio patrimonial al Estado argentino.
Al respecto, advirtió que el alto porcentaje de material adquirido durante la gestión de Jaime que quedó fuera de servicio fue producto de “los convenios abusivos firmados por las máximas autoridades en materia de transporte”.
“Es la contracara de la falta de previsión y de cuidado del patrimonio estatal al momento de ejecutar la política pública de rehabilitación del servicio ferroviario y reactivación de los talleres nacionales”, subrayó.
En relación a las acusaciones de cohecho, la Fiscalía desarrolló que la empresa CAESA era en realidad una firma fantasma integrada por familiares y personas del entorno del acusado Manuel Vázquez.
Según detalló la acusación, la empresa cobró dinero por parte de la Secretaría de Transporte, sin que proveyera a cambio ningún tipo de contraprestación.
Estos hechos se concretaron en el marco de las funciones de coordinación que la empresa debía realizar frente a distintos organismos del gobierno español en “cuestiones vinculadas al Acuerdo Marco para la provisión de material ferroviario celebrado entre los presidentes de España y Argentina”.
La Fiscalía precisó que la empresa debía colaborar en la descarga desde el barco del material adquirido, en la cual finalmente no participó, según se probó mediante declaraciones testimoniales que fueron incorporadas a la pesquisa.
De esta manera, el MPF afirmó que “la Secretaría de Transporte de forma elíptica pagó una suma muy cercana al millón de euros en concepto de honorarios -no prestados- a Ricardo Jaime, por intermedio de su asesor de confianza: Manuel Vázquez. ¿Qué significa esta circunstancia si no un retorno?”. Mediante este accionar ilícito, el ex titular de la Secretaría de Transporte “obtendría un beneficio por su suscripción. Los contratos de asistencia técnica firmados con posterioridad fueron la manera de instrumentar estos pagos”.
“Es evidente, entonces, que los servicios de asistencia técnica nunca fueron prestados por parte de Expansión Exterior. Sin embargo, dicha firma contrató, para el cumplimiento de esa obligación, los servicios de dos consultoras estrechamente vinculadas al ex secretario de Transporte. El único rol verificado que tuvo esta empresa es cobrar dinero, sin que proveyera a cambio ningún tipo de contraprestación”, sintetizó la Fiscalía.
