Política y Economía | Los diez Gobernadores de las provincias donde se explotan hidrocarburos se reunieron para terminar de consensuar, como bloque, los cambios y límites que buscan introducir en el capítulo de la "ley ómnibus" que impulsa el gobiernode Javier Milei que reforma la regulación de esa industria.
En una reunión que cruzó fronteras políticas, los diez Gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos se congregaron para consensuar cambios en la "ley ómnibus" de Javier Milei, que busca reformar la regulación de la industria.
El objetivo fundamental es que el Gobierno reconozca que los recursos y su explotación pertenecen a las provincias.
En un comunicado extenso y detallado, expresaron la necesidad de introducir modificaciones para lograr un marco jurídico que brinde mayor previsibilidad y mejore la generación de empleo.
El documento no se pronunció sobre la privatización de YPF, pero fuentes señalaron una posición común contraria a la venta de la petrolera nacional.
Los puntos técnicos vitales para los gobernadores abordaron prerrogativas decisorias, regalías, flexibilidad en pliegos de licitaciones, plazos de concesión adaptables, oposición total a la derogación del artículo 32 de la Ley 17.319, y el mantenimiento de la potestad provincial para otorgar prórrogas a concesiones vigentes.
Asimismo, solicitaron mecanismos que aseguren el libre acceso a instalaciones de procesamiento y transporte, la determinación y pago de regalías por parte de los concesionarios, y la revisión de artículos relacionados con cánones de exploración, explotación y multas.
Manifestaron desacuerdo con el artículo que faculta al Ejecutivo para legislar ambientalmente en el sector y cuestionaron la redacción sobre derechos de exportación.
Finalmente, propusieron revisar el artículo que modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), argumentando que descarta proyectos de explotación hidrocarburífera.
La demanda central es que las empresas cedan áreas maduras de explotación convencional a las provincias.
Este bloque de Gobernadores espera que estas modificaciones se reflejen en el proyecto en discusión en el Congreso antes del fin de las sesiones extraordinarias el 31 de enero.
