Judiciales | El Fiscal federal Guillermo Marijuán denunció al ex Presidente Alberto Fernández y a otros ex funcionarios de su administración por el aumento desproporcionado de las Pensiones por Invalidez entre 2020 y 2023.
En su detallada denuncia, Marijuán los acusa de implementar “un plan sistemático entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas para flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, permitiendo así la entrega masiva e irregular de dichos beneficios, especialmente destinados a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.
Según la denuncia, este incremento habría sido consecuencia de una serie de decretos y resoluciones que flexibilizaron los criterios originales para la concesión de estas pensiones, además de la creación de un circuito de tramitación “especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en el que las pensiones eran utilizadas como moneda de cambio”.
La investigación del Fiscal revela que en ese periodo se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios, lo que resultó en un crecimiento exponencial del 1500% en la concesión de estas pensiones, pasando de 79.581 casos en 2003 a 1.222.882 en la actualidad.
Además, Marijuán destaca en su acusación que las pensiones eran aprobadas en tiempos reducidos de tres meses y se entregaban a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera presentaban una discapacidad médica. Esto contrasta con el circuito formal de tramitación, que demoraba entre 2 y 3 años.
Los más beneficiados fueron los Gobernadores de Unión por la Patria. El Fiscal menciona que las provincias más beneficiadas fueron Chaco (gobernada por Jorge Capitanich), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Tucumán (Juan Luis Manzur), Misiones (Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Axel Kicillof). En provincias donde el gobernador no era afín, como Corrientes (Gustavo Valdés), los acuerdos se habrían hecho con los Intendentes.
En el marco de su plan de ajuste, la administración de Javier Milei comenzó a auditar las pensiones no contributivas por invalidez. Según cifras oficiales, 1.215.548 personas reciben este beneficio.
Un análisis de la Agencia Nacional por Discapacidad indicó que, sobre una muestra de 3000 casos, el 80% no debería haber sido otorgado. Por este motivo, representantes del Ejecutivo confirmaron que contemplan judicializar el asunto y endurecer el acceso a este beneficio.
La pensión no contributiva por invalidez es una asignación monetaria pagada por la ANSeS, cuyo monto equivale al 70% de una jubilación mínima, es decir, $144.851,77.
En la denuncia presentada por Marijuán también se acusa a los entonces (2020 a 2023) Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, y a la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez.
