Basavilbaso, Entre Ríos
Política | El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto de defensa de la soberanía nacional, una iniciativa que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur y crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para evaluar inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
Después de seis reuniones, el plenario entre Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal pasó a la firma el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
El encuentro comenzó con la exposición de los representantes de Poder Ciudadano y, en la segunda parte, el texto quedó listo para ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados.
El dictamen de mayoría fue el de La Libertad Avanza, que contó con el aval del Pro, el radicalismo, Karina Banfi de Adelante Buenos Aires, Gisela Scaglia y Sergio Capozzi.
En disidencia, lo hicieron Pablo Farías y José Núñez de Provincias Unidas, y los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal.
Por su parte, la mendocina Lourdes Arrieta presentó uno en minoría, al igual que Esteban Paulón en conjunto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge.
Unión por la Patria también elevó su propio despacho, al igual que el Frente de Izquierda con la rúbrica de Myriam Bregman, el único en rechazo.
En la previa del plenario de comisiones, la mesa chica del bloque de La Libertad Avanza recibió a los aliados del Pro, el MID, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires y a los jefes de bancada de Argentina Federal y Provincias Unidas para sellar la confección del dictamen que se terminó firmando en el Anexo C del Palacio Legislativo.
El despacho elaborado por el oficialismo, en acuerdo legislativo con las bancadas aliadas, incorpora al Ministerio de Seguridad dentro del Consejo de Seguridad Nacional.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo solamente comprendía al presidente de la Nación, a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, a la Secretaría de Inteligencia y a la secretaria de Legal y Técnica.
A partir de esto, el oficialismo dio lugar al pedido de creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional. La misma quedará habilitada a requerir informes del nuevo organismo y se compondrá por ocho integrantes (cuatro por cámara).
Otro de los cambios establecidos es la reducción de las sanciones contra las compañías vinculadas a la explotación de la Cuenca Malvinas.
Esta baja en las multas también alcanza a las firmas asociadas en otros proyectos de explotación hidrocarburífera.
Por pedido de los bloques dialoguistas, se modificó el artículo que proponía sancionar con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.
El agregado al texto dictaminado excluye explícitamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
Legisladores presentes en la cumbre del oficialismo y los aliados revelaron que existe la posibilidad de llevar al recinto este tema recién el 18 de noviembre, junto a la Ley de Presupuesto.
Sin embargo, los más optimistas dejaron abierta la posibilidad de ir al hemiciclo el jueves 12 de noviembre, al término de la visita del Papa León XIV.
