Basavilbaso, Entre Ríos
Política | Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, la Cámara baja aprobó cambios al régimen de propiedad privada y recuperó los límites a la compra de tierras por extranjeros
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con modificaciones que incluyen la restitución de la Ley de Tierras Rurales, derogada por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones. El resultado fue ajustado y las abstenciones resultaron decisivas para que el oficialismo, con el acompañamiento de sus aliados, consiguiera avanzar con la propuesta.
Entre quienes se abstuvieron estuvieron cinco diputados vinculados al cordobesismo, integrante de Provincias Unidas, y el legislador del PRO Álvaro González.
Como el texto aprobado incorpora modificaciones respecto de la media sanción otorgada por el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para completar su tratamiento parlamentario.
Uno de los aspectos centrales de la votación fue la incorporación de un capítulo destinado a restablecer la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece restricciones a la adquisición y titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La legislación fija un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y en las subdivisiones territoriales contempladas por la norma. También establece restricciones a la concentración de grandes extensiones y condiciones particulares para determinados inmuebles.
La restitución fue impulsada por el Diputado radical Diógenes González, quien propuso incorporar dos artículos al proyecto. Uno deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras, mientras que el otro restablece expresamente su vigencia.
El capítulo referido a tierras obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario en la votación particular: 239 diputados votaron a favor, 4 en contra y 6 se abstuvieron.
La decisión representa un cambio respecto de la política de desregulación impulsada inicialmente por el Gobierno nacional, que había promovido la eliminación de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
El debate volvió a cobrar relevancia después de distintas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia relacionadas con la derogación de la normativa mediante el DNU 70/2023.
En ese contexto, el oficialismo aceptó incorporar la restitución de la Ley de Tierras al proyecto de propiedad privada, en medio de las negociaciones parlamentarias y de los cuestionamientos opositores al decreto presidencial.
Además de la cuestión vinculada con las tierras rurales, el proyecto introduce modificaciones en los procedimientos de desalojo, el régimen de expropiaciones y aspectos relacionados con el Registro de la Propiedad Inmueble.
Entre sus objetivos se encuentra agilizar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles ocupados irregularmente y modificar las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar con expropiaciones.
Desde el oficialismo sostienen que estas reformas buscan fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el derecho de propiedad. Sectores de la oposición, en cambio, cuestionan especialmente las modificaciones previstas para los desalojos y sus posibles consecuencias sobre personas y familias en situaciones de vulnerabilidad.
La aprobación en Diputados no significa que las modificaciones ya se hayan convertido en ley. Al haberse incorporado cambios al texto que había recibido media sanción en agosto, corresponde una nueva intervención del Senado.
La Cámara alta deberá pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por Diputados, en una instancia que será determinante para definir el alcance definitivo de la reforma.
De esta manera, el Congreso mantiene abierto un debate que combina la protección constitucional de la propiedad privada, las facultades del Estado y las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
