Basavilbaso, Entre Ríos
Política | Con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, la Cámara baja dio media sanción a un régimen permanente que busca garantizar prestaciones, pensiones y financiamiento.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, con un amplio consenso entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición, el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, luego de una extensa negociación parlamentaria que permitió acercar posiciones y alcanzar un acuerdo poco habitual entre las distintas fuerzas políticas.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen de carácter permanente, destinado a garantizar derechos, prestaciones y recursos para las personas con discapacidad.
La Libertad Avanza impulsó la iniciativa junto a bloques dialoguistas, pero durante las negociaciones incorporó modificaciones reclamadas por otros sectores, entre ellos Unión por la Patria.
Uno de los protagonistas del acuerdo fue el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, cuya intervención recibió reconocimientos de legisladores de diferentes espacios políticos.
Las modificaciones permitieron ampliar considerablemente los respaldos y alcanzar una votación que reflejó un consenso transversal sobre la necesidad de dar previsibilidad al sistema.
El texto mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y contempla su actualización mensual.
También establece que las personas beneficiarias puedan acceder a un empleo registrado o desarrollar actividades como monotributistas sin perder automáticamente la pensión, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Otro aspecto central es la continuidad del nomenclador único de prestaciones, que establece los valores de los servicios destinados a personas con discapacidad.
El proyecto contempla mecanismos de actualización periódica de los aranceles, vinculados a la evolución de los precios, con el propósito de evitar que la inflación deteriore los recursos de los prestadores.
Uno de los puntos más discutidos fue el financiamiento del sistema y la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener las prestaciones.
La iniciativa establece previsiones presupuestarias para el área y dispone que la asignación correspondiente del Ministerio de Salud no resulte inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.
También incorpora una disposición para avanzar en la cancelación de compensaciones pendientes a prestadores, una de las principales demandas de las instituciones y profesionales vinculados con la atención de personas con discapacidad.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar el mecanismo correspondiente y establecer un cronograma de pagos.
La propuesta incorpora auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en los beneficios.
Los controles contemplan cruces de información entre organismos nacionales, con garantías de debido proceso y procedimientos adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad.
El objetivo declarado es fortalecer la transparencia y sostenibilidad del sistema sin afectar los derechos de quienes reúnen las condiciones para recibir las prestaciones.
La media sanción representa un avance legislativo significativo, aunque el proyecto todavía no es ley. Para completar su recorrido parlamentario deberá obtener la aprobación del Senado.
La discusión también tendrá impacto en el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027, donde deberán contemplarse los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas.
El amplio respaldo alcanzado en Diputados dejó planteado un compromiso político que ahora deberá traducirse en una legislación definitiva y, posteriormente, en medidas concretas que garanticen la continuidad de los servicios y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
