Judiciales | La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por la defensa de la exmandataria y ratificó las condiciones de su prisión domiciliaria en el marco de la condena por la causa Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar utilizando la tobillera electrónica y cumplir con las restricciones vigentes para las visitas durante el cumplimiento de su prisión domiciliaria.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, que rechazó los recursos presentados por la defensa de la exmandataria y ratificó las medidas oportunamente dispuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de ejecutar la condena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad.
Por mayoría, los Jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron que las condiciones establecidas para el arresto domiciliario se ajustan a la legislación vigente y cumplen una finalidad de supervisión y control de la ejecución de la pena.
En ese marco, sostuvieron que el monitoreo mediante tobillera electrónica constituye una herramienta válida para garantizar el cumplimiento efectivo de la detención domiciliaria.
El fallo también mantuvo el régimen de visitas actualmente vigente, que exige autorización judicial previa para las personas que no integran la nómina de familiares, médicos y abogados habilitados.
Además, continúan las limitaciones respecto del uso de la terraza del edificio donde la exmandataria cumple la condena. En disidencia votó el Juez Mariano Borinsky, quien entendió que correspondía hacer lugar al planteo de la defensa.
El magistrado consideró que debía retirarse la tobillera electrónica, flexibilizar el régimen de visitas y eliminar las restricciones para el uso de la terraza, al sostener que las medidas resultaban excesivas.
La defensa de Fernández de Kirchner había solicitado la eliminación del dispositivo de monitoreo y una mayor flexibilidad en las condiciones de la prisión domiciliaria, argumentando el correcto cumplimiento de las reglas impuestas y la inexistencia de riesgos de fuga.
Sin embargo, la mayoría de la Cámara entendió que no existían elementos que justificaran modificar el régimen actualmente vigente.
