Bonadio citó a declarar al ex Senador y empresario Urquía

El Juez federal Claudio Bonadio citó a declarar al ex Senador cordobés y empresario aceitero Roberto Urquía en un tramo de la denominada causa de los cuadernos de la corrupción que investiga el presunto pago de sobornos en concesiones ferroviarias entre 2003 y 2009. Urquía, quien será indagado al reinicio de la actividad judicial en febrero, es uno de los dueños de Aceitera General Deheza y fue Senador del kirchnerista Frente para la Victoria por Córdoba, donde junto a otros empresarios tuvo la concesión para explotar servicios ferroviarios que comunican a esa provincia con otros puntos del país. También en febrero ampliará su declaración indagatoria el empresario Gabriel Romero, aceptado como imputado colaborador, quien detalló a los Fiscales Carlos Rivolo y Carlos Stornelli el mecanismo con el que él participó en el pago de sobornos al entonces Secretario de Transporte Ricardo Jaime. En una causa penal derivada de la investigación por los cuadernos de la corrupción, la Fiscal Federal Paloma Ochoa dictaminó a favor de impulsar una investigación a la ex Secretaria de Ambiente del kirchnerismo, Romina Picolotti y a otros sospechosos por supuestos pagos de sobornos reclamados para adjudicar licitaciones en el marco de las obras de saneamiento del Riachuelo. Esta causa se abrió al ser enviado el hecho a sorteo por Bonadio y quedó a cargo de la Juez María Servini. Picolotti, quien fue Secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008, durante las presidencias de Néstor Kirchner y de su viuda y actual Senadora Cristina Fernández, será investigada junto a otro ex funcionario de la que fue su cartera, Mario Ferdkin y su hermano, Juan Miguel Picolotti, entre otros. En la causa en la que ya está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita la Senadora Cristina Fernández de Kirchner, el Juez tiene que definir por estos días si acepta como nueva arrepentida a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Kirchner. Bonadio no resolvió aún las situaciones procesales de otros indagados en la parte del caso que investiga si unos 70 millones de dólares presuntamente lavados por Muñoz mediante la compra de propiedades en Estados Unidos luego vendidas, eran en realidad del matrimonio Kirchner y ellos actuaron como testaferros. Se trata de los detenidos Isidro Bounine, quien fuera secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia, de Juan Manuel Campillo, quien fue ministro de Economía de Santa Cruz en la gobernación de Kirchner, y de Carlos Gellert, primo de la viuda de Muñoz, los dos últimos aceptados como "arrepentidos".