Basavilbaso, Entre Ríos
Política | La Cancillería repudió el documento con el que Londres busca respaldar a las empresas que operan en las islas y advirtió que profundizará las acciones contra quienes exploten recursos sin autorización.
El Gobierno argentino rechazó la guía publicada por el Reino Unido para promover y respaldar las actividades comerciales desarrolladas en las Islas Malvinas.
La Cancillería expresó su “más enérgico rechazo” al documento británico y reiteró que las islas y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional.
La respuesta se produjo después de que Londres difundiera una guía titulada “Doing business with the Falkland Islands”, dirigida a empresas y particulares interesados en realizar negocios, prestar servicios o explotar recursos naturales en el archipiélago.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido.
La Cancillería rechazó el argumento británico de que la legislación argentina no puede aplicarse sobre las compañías y personas que participan de actividades económicas relacionadas con las islas.
También advirtió que cualquier explotación de los recursos naturales sin autorización de las autoridades nacionales constituye una actividad ilegal.
El Gobierno reiteró que recurrirá a todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales disponibles para defender los derechos soberanos de la Argentina.
La controversia se intensificó por el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, previsto en la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa es impulsada por la compañía británica Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum.
Luego de que las firmas anunciaran una decisión final de inversión, la Argentina convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregarles notas formales de protesta.
El Gobierno cuestionó las licencias otorgadas unilateralmente, las convocatorias a proveedores, la creación de normativas y la promoción de actividades comerciales relacionadas con el proyecto.
Según la Cancillería, esas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La disposición insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.
La Cancillería también alertó sobre los posibles efectos ambientales y económicos de la explotación petrolera proyectada en el Atlántico Sur.
Sostuvo que las actividades podrían generar consecuencias irreversibles y afectar recursos naturales no renovables que pertenecen a todos los argentinos.
El Gobierno considera que el avance británico desconoce las resoluciones internacionales que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y llaman a ambas partes a retomar las negociaciones.
La Argentina informó que ya envió alrededor de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas y compañías ubicadas en 30 países.
Además, inició 60 procedimientos administrativos contra empresas e inversores vinculados con actividades consideradas ilegales.
El canciller Pablo Quirno presentó también tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y a sus directivos.
El Gobierno advirtió que profundizará estas medidas contra quienes mantengan vínculos comerciales con las islas sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Las sanciones podrían incluir restricciones para que las firmas involucradas desarrollen posteriormente actividades o celebren contratos en el territorio continental argentino.
La guía británica sostiene que el Reino Unido apoyará las actividades económicas que considere legítimas en las islas.
Londres también ofreció asistencia a las empresas que enfrenten notificaciones, presiones o acciones legales por parte de la Argentina.
El documento afirma que las sanciones argentinas no tienen validez en el archipiélago y sostiene que los tribunales de otros países tampoco deberían reconocerlas.
La posición británica fue categóricamente rechazada por la Cancillería argentina.
Pese al nuevo cruce diplomático, el Gobierno reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido.
La Argentina reclamó reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, conforme a la Resolución 2065 y otras disposiciones de las Naciones Unidas.
La Cancillería aseguró que continuará defendiendo los recursos naturales y los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos del Atlántico Sur.
