Basavilbaso, Entre Ríos
Política | El Gobierno definirá quiénes viajarán a Hamburgo, Alemania, para participar de las audiencias del 10 y 11 de noviembre contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las islas. Ya fueron designados como representantes oficiales, mientras continúa la evaluación de otros integrantes de la delegación.
El Gobierno nacional avanza en la organización de la delegación argentina que viajará a Alemania para participar de las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El objetivo será solicitar medidas provisionales que permitan frenar la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en las Islas Malvinas.
Las exposiciones se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, donde la Argentina buscará que el organismo internacional intervenga antes de que avance el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.
Mientras tanto, la Cancillería y los equipos jurídicos del Ejecutivo trabajan en la definición de los funcionarios y especialistas que integrarán la representación presencial. Hasta el momento, el país formalizó la designación de dos diplomáticos.
El Embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, fue nombrado agente del Estado, mientras que Betina Pasquali de Fonseca ocupará el cargo de coagente. Ambos forman parte de la presentación que la Argentina realizó ante el tribunal el pasado 13 de octubre.
La posible participación de otros funcionarios todavía está en análisis. Entre las áreas involucradas se encuentran la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal, y la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, cuyos equipos colaboraron en la preparación del reclamo.
En particular, la Procuración aún no definió si enviará representantes a Alemania. Desde el Ejecutivo consideran que los profesionales que trabajaron en la presentación cuentan con la preparación necesaria para intervenir en las audiencias, aunque la composición definitiva de la delegación todavía no fue anunciada.
Otro factor que incide en la organización es la coincidencia de las audiencias con la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
Durante esos días, el presidente Javier Milei tendrá distintas actividades institucionales vinculadas con la llegada del pontífice, incluido un encuentro en la Casa Rosada.
Por otra parte, el Gobierno decidió no contratar estudios jurídicos alemanes ni firmas internacionales para intervenir en el procedimiento. Según fuentes oficiales, la representación argentina podrá desarrollarse mediante los diplomáticos designados y los equipos legales del propio Estado, sin necesidad de incorporar abogados privados radicados en Alemania.
El cronograma establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contempla dos jornadas de exposiciones. El martes 10 de noviembre, la Argentina tendrá la palabra entre las 10 y las 13, mientras que el Reino Unido responderá entre las 15 y las 18, según el horario local de Hamburgo.
El miércoles 11 se realizará una segunda intervención argentina entre las 10.30 y las 12. Posteriormente, el Reino Unido tendrá su última presentación entre las 17.30 y las 19. Las audiencias serán públicas y podrán seguirse en directo a través del sitio oficial del organismo.
Los Jueces deberán evaluar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia para disponer medidas provisionales mientras se desarrolla el arbitraje principal. La instancia no implica una resolución anticipada sobre el conflicto, sino que busca determinar si corresponde adoptar medidas preventivas durante el proceso.
La disputa se inició el 28 de septiembre, cuando la Argentina puso en marcha un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Ante la negativa británica a aceptar las medidas solicitadas, el Gobierno recurrió el 13 de octubre al Tribunal del Mar para reclamar una intervención urgente. La presentación argentina incluye cuatro pedidos principales.
Entre ellos, busca impedir que el Reino Unido autorice o permita la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas con Sea Lion, además de restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones que pueda afectar los derechos reclamados por el país.
También solicita medidas para proteger el medio marino y evitar nuevas decisiones que puedan agravar la controversia, como el otorgamiento de licencias para avanzar con las actividades petroleras. El proyecto Sea Lion es impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, en la Cuenca Malvinas Norte.
Las empresas proyectan comenzar las perforaciones de desarrollo durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. Frente a ese escenario, la Argentina pretende obtener una decisión antes de que se concrete el avance de las operaciones.
Entre sus argumentos sostiene que la extracción de hidrocarburos y las modificaciones del lecho marino podrían generar consecuencias irreversibles. Uno de los principales aspectos jurídicos del caso será determinar el alcance de las facultades del Tribunal del Mar.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece mecanismos para resolver controversias relacionadas con su interpretación y aplicación, pero no le otorga competencia general para decidir disputas de soberanía territorial.
Por ese motivo, la estrategia argentina apunta a defender los derechos que reclama sobre los recursos marítimos y las obligaciones de protección ambiental, sin solicitar en esta instancia un pronunciamiento directo sobre la soberanía de las islas.
Con las audiencias cada vez más cerca, el Gobierno trabaja en completar la delegación que representará al país en Alemania. La decisión sobre las medidas provisionales quedará en manos de los jueces internacionales, mientras continuará el procedimiento de arbitraje iniciado contra el Reino Unido.
