Uruguay afirmó que la construcción de Botnia fue acordad

El abogado norteamericano Lawrence Martin indicó ante los jueces que ese acuerdo se logró en una reunión de los ministros de Exteriores de ambos países celebrada el 2 de marzo de 2004. Martin negó el argumento de la Argentina de que la conclusión de esa reunión hubiera sido remitir el proyecto a la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) y mantuvo que el único papel de esa organización era el de realizar los controles medioambientales. Afirmó que Uruguay no violó el Estatuto del Río Uruguay de 1975 por no informar primero a CARU del proyecto, que en 2003 todavía incluía la construcción de la papelera española ENCE (que decidió después reubicar su fábrica de celulosa para evitar posibles problemas derivados del contencioso en La Haya). A su juicio, en el Estatuto del Río Uruguay "no hay nada que impida a las partes obviar la inicial revisión e iniciar consultas directas", que según Uruguay es lo que ocurrió. "La necesidad de negociaciones directas era obvia y ambas partes acordaron proceder" con las mismas, expuso el asesor legal de la delegación de Montevideo ante los jueces. También reprochó a la Argentina haber construido en su ribera "170 plantas industriales desde 1976" sin haberlo notificado en ninguna ocasión a CARU y de haber decidido "unilateralmente" que esos proyectos no afectarían al río. Para Uruguay, la industria química ubicada en la ribera argentina -fábricas de plásticos o detergentes, entre otras- es más contaminante que la celulosa construida en su parte del río. La delegación de Montevideo reiteró que la actividad de la papelera no afecta a los niveles de calidad del agua del río ni altera su equilibrio ecológico, por ejemplo en lo que respecta a la reproducción de los bancos de peces. Uruguay expuso hoy por tercera jornada consecutiva sus argumentos contra la demanda de Argentina por la instalación de la planta celulosa de la empresa finlandesa Botnia en su ribera del río. La Argentina elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con la aseveración de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río. Para la Argentina, Uruguay no se sometió a los mecanismos de información y consulta del tratado en casos de actividades con posibilidades de contaminar el medio protegido. Según el Estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos del río debe ser conjunta. La Argentina reclamó la semana pasada en la CIJ el "cese de la actividad" de la celulosa Botnia, en funcionamiento desde 2007, así como la restitución de los daños causados por la papelera. Tanto la Argentina como Uruguay solicitaron al Tribunal medidas cautelares que en los dos casos les fueron denegadas. Buenos Aires pedía que las obras de construcción de las papeleras se paralizaran hasta que el contencioso en La Haya llegase a su fin. Uruguay pidió que el máximo órgano judicial de la ONU obligara a Argentina a paralizar los cortes de puentes internacionales que unen ambos países. Fuente: EFE.