Política | El Gobierno de Bolivia denunció este jueves que el gobierno de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina "material bélico" al país en el medio de los conflictos por la asunción de Jeanine Añez, para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".
La información fue difundida a la prensa por el Canciller Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Añez, ante lo cual el presidente Alberto Fernández le envió una nota a su par boliviano, Luis Arce, para lamentar el hecho y expresarle su "dolor y vergüenza".
Mayta realizó una conferencia de prensa en la que presentó una carta enviada por el ex Jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia Gonzalo Terceros Lara al ex Embajador argentino en La Paz durante el gobierno de Macri, Normando Álvarez García.
En la misiva, fechada el 13 de noviembre de 2019, Terceros Lara le agradeció al ex Embajador argentino "la colaboración prestada" en el marco del respaldo internacional "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia" y se adjuntan los detalles del envío.
El militar le agradeció a Álvarez García el envío del "material bélico de agentes químico", entre los que se incluyen gases lacrimógenos y municiones.
El militar describió que "se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos: 40 mil cartuchos AT12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 19 granadas de gas CS, y 52 granadas de gas HC" Por esos episodios Añez debe declarar ante la Justicia de Bolivia.
Fernández, por su lado, lamentó la "colaboración de Macri con las fuerzas militares de Bolivia que en 2019 perpetraron el golpe de Estado contra Evo Morales", y dijo sentir "dolor" y "vergüenza".
A través de una carta enviada a Arce, Fernández pidió disculpas en nombre del "pueblo argentino" después de que "se constatara" en el vecino país que desde Argentina "se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fueras sediciosas contra la población boliviana en esos días".
Mayta describió en una conferencia de prensa que "el Gobierno de Macri le dio a las fuerzas armadas bolivianas munición para reprimir las protestas del 2019; días después de este hecho se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata".
Luego de las acusaciones, el Ministerio de Seguridad de Argentina pidió informes a los jefes de las cuatro fuerzas federales. La titular de esa cartera, Sabina Frederic, solicitó que inicien de forma inmediata las "actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos".
En tanto, medios bolivianos informaron que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, dijo que este viernes se tomará la declaración informativa a la expresidente Áñez por las "masacres" de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.
"Dentro de la proposición acusatoria por las víctimas de Sacaba y Senkata, se inició la investigación de juicio de privilegios a través de la Fiscalía General del Estado; por ello se ha previsto la declaración de la señora Jeanine Áñez para el día de mañana, que por medidas de bioseguridad se tomará en el penal de Miraflores (de La Paz)", dijo el Fiscal.
Lanchipa agregó que se trasladarán a La Paz dos fiscales superiores, mientras él participará vía Zoom desde la ciudad de Sucre. La acusación fue hecha el 1 de julio por un grupo de 20 personas entre víctimas y familiares de aquellos episodios.
Las masacres ocurrieron después de que Añez ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales. Los hechos se produjeron el 15 de noviembre de 2019 "cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves", informó La Razón, de Bolivia.
Recordó que "cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos".
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, con reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron por impactos de balas. En esa ocasión el entonces Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas y dijo que los movilizados se mataron entre sí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres. Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.
