Amenazan con un apagón digital

El 23 de este mes Google, Facebook, Twitter, Yahoo y Wikipedia podrían coordinar un apagón digital, en protesta por el debate que, al día siguiente, se llevará a cabo en el Congreso de los Estados Unidos. Es que se espera que ese día se vote el proyecto de ley conocido como SOPA (ley para frenar la piratería en línea, según sus siglas en inglés), en discusión en el Congreso norteamericano desde octubre último. Las compañías mencionadas son parte de Netcoalition (www.netcoalition.com), que también tiene entre sus integrantes a Foursquare, LinkedIn, Mozilla y PayPal, entre otros. Y aunque el apagón es, por ahora, tan sólo una amenaza (como le reconoció su portavoz al diario El País), el hecho de que lo estén analizando demuestra lo opuesto de su visión frente a lo que proponen los promotores de SOPA y otro proyecto de ley similar, conocido como PIPA (ley de protección de la propiedad intelectual, según sus siglas en inglés), en debate en el Senado de ese país. Estos proyectos de ley buscan perseguir la piratería digital permitiendo que el Departamento de Justicia de ese país considere criminal cualquier sitio que aloje contenido sin permiso explícito de sus autores. Esto incluye desde sitios de almacenamiento de archivos como Megaupload hasta otros como Google o Twitter, ya que enlazar a contenido ilegal también se consideraría delito. Lo notable del caso es que la ley habilita al gobierno a bloquear el tráfico desde y hacia determinado sitio, anular opciones de pago electrónico a sus dueños, impedir su listado en buscadores y detener su uso por servicios diversos, como los servidores de DNS, básicos para el funcionamiento de Internet (son una suerte de guía que permite vincular a un dominio como lanacion.com con el servidor que aloja el sitio). Como buena parte de los servicios y sitios más populares del mundo están alojados en los Estados Unidos (incluyendo a Google, Twitter, Facebook, Yahoo!, etcétera) esta acción afectaría a Internet en todo el planeta. A la polémica, además, se suma el apoyo de la RIAA (la asociación que agrupa a las discográficas, que han estado demandando a sitios y usuarios por descargas de archivos) y la MPAA (el consorcio de estudios cinematográficos de ese país), que sugieren que el gobierno norteamericano debe seguir el ejemplo de China o Irán e imponer un intermediario que regule qué sitios y servicios deben poder ver los ciudadanos de Estados Unidos. Lo que argumentan los detractores de estos proyectos de ley es que la intención de combatir la piratería es saludable; lo que está errado es el método, que provocaría más daño que beneficios. Por ejemplo, la ley contempla que se pueda crear una lista negra de sitios y servicios si se los considera potencialmente ilegales, pero sin requerir un proceso judicial que verifique si efectivamente lo son; además, los obligaría a analizar cada tweet o comentario en Facebook para verificar que esté en regla, cada enlace en Wikipedia para comprobar que no lleva a un sitio con contenido pirateado (sin importar la intención del enlace), etcétera. La idea de la ley, dicen sus promotores, es que se tome una actitud más proactiva frente a los contenidos ilegales; quienes están en contra consideran que afectaría el libre flujo de información.