Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | La investigación por presuntas irregularidades en obras municipales comenzó en marzo de 2016. Una década después, el STJ declaró insubsistente la acción penal respecto de tres de los imputados y dispuso sus sobreseimientos.
Una causa judicial que sacudió a Basavilbaso hace más de una década volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos dispusiera el sobreseimiento de tres de las personas que llegaron imputadas hasta la instancia de juicio.
El expediente tiene sus antecedentes en el 31 de diciembre de 2015. Ese día, el entonces Intendente Gustavo Hein brindó un mensaje ante los medios locales en el que formuló fuertes cuestionamientos sobre distintos aspectos de la administración municipal que lo había precedido, encabezada por Silvio Valenzuela.
Hein apuntó particularmente contra quien había sido Secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Verbauvede, y mencionó situaciones que consideraba irregulares, entre ellas las relacionadas con las denominadas “Viviendas Rurales” y la inconclusa obra de cloacas del barrio Estrada.
Las manifestaciones provocaron un fuerte impacto político e institucional en Basavilbaso y alcanzaron a otros exfuncionarios y profesionales vinculados con obras ejecutadas durante aquella administración.
El 11 de marzo de 2016 se produjo la apertura formal del legajo.
La investigación quedó entonces en manos de la Fiscal Melisa Ríos, actualmente Vocal de Cámara, quien inició actuaciones de oficio y convocó al Intendente Hein.
Horas después el mandatario formalizó una denuncia y, con el paso del tiempo y la incorporación de documentación y diferentes elementos probatorios, el expediente adquirió un importante volumen.
Entre las acusaciones formuladas contra Verbauvede se incluyó la presunta defraudación a la Municipalidad de Basavilbaso durante su desempeño como Secretario de Obras y Servicios Públicos entre 2011 y 2015.
La investigación alcanzó también a Oscar Augusto Pereyra y a los ingenieros Silvio Ceferino Vallejo, Martín Caballero, Hugo Toneguzzo, Héctor Conte y Gisela Viola, entre otros.
Una parte sustancial del expediente estuvo vinculada con la inconclusa obra de cloacas del barrio Estrada, ejecutada en el marco del programa nacional “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, que vinculó al Municipio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).
La causa avanzó durante 2017 con las declaraciones de los imputados.
El 4 de abril de 2017 declararon Mariano Gabriel Verbauvede, Silvio Ceferino Vallejo, Héctor Oscar Conte y Oscar Augusto Pereyra.
Un día después lo hicieron Leonardo Jorge Luis Schaaf, Gisela Lorena Elizabeth Viola y Hugo Mario Toneguzzo.
Finalmente, el 18 de abril declaró Martín Miguel Caballero.
Sin embargo, uno de los aspectos que años después adquiriría especial relevancia fue el tiempo empleado para llevar adelante la investigación y los extensos períodos sin actividad procesal señalados por las defensas.
Según la cronología expuesta por la Defensa en el planteo que finalmente llegó al Superior Tribunal de Justicia, el término legal de la Investigación Penal Preparatoria se habría extendido válidamente hasta el 18 de julio de 2017.
La Defensa sostuvo que las medidas probatorias producidas posteriormente fueron dispuestas con la IPP ya vencida.
Además, señaló diferentes períodos de inactividad.
Desde diciembre de 2017 hasta agosto de 2018 transcurrieron alrededor de nueve meses hasta que se produjo una nueva medida.
Durante los últimos meses de 2018 la Fiscalía dispuso distintas diligencias, pero entre el 14 de diciembre de ese año y el 18 de junio de 2019 se registró, según el planteo defensivo, otro período de aproximadamente seis meses sin actividad.
Durante junio, julio y agosto de 2019 volvieron a ordenarse medidas probatorias.
Luego se produjo el período de inactividad más extenso señalado por la Defensa: desde el 21 de agosto de 2019 hasta el 5 de octubre de 2021, aproximadamente dos años y dos meses.
En octubre de 2021 se dispuso una nueva medida y la siguiente llegó el 7 de junio de 2022, casi ocho meses después.
Las últimas diligencias previas a la remisión a juicio fueron dispuestas en marzo de 2023.
El 3 de abril de 2023, más de siete años después del inicio formal del expediente, la Oficina de Gestión de Audiencias notificó a las defensas sobre la remisión de la causa a juicio presentada por el Ministerio Público Fiscal.
La audiencia comenzó el 6 de noviembre de 2023 ante el Juzgado de Garantías N°1.
Continuó el 17 de noviembre, luego de un cuarto intermedio, y concluyó finalmente el 15 de diciembre de aquel año.
La causa fue remitida a juicio y quedó radicada en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, aunque el debate no llegó a comenzar debido a los recursos planteados por las defensas.
Este lunes FM RIEL informó que el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al planteo presentado por el abogado Ariel Amarillo en representación de Gisela Viola, Leonardo Schaaf y Oscar Pereyra.
Según explicó el profesional, el STJ acogió la impugnación de la Defensa y declaró insubsistente la acción del Ministerio Público Fiscal, disponiendo en consecuencia el sobreseimiento de sus tres representados.
La decisión no constituye un pronunciamiento sobre la materialidad de cada una de las acusaciones originalmente investigadas, sino que responde al planteo relacionado con la duración y tramitación del proceso.
La Fiscalía todavía podría intentar un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De no hacerlo, o si esa vía no prosperara, Viola, Schaaf y Pereyra quedarían definitivamente desvinculados de la causa.
El fallo, además, podría tener consecuencias sobre la situación procesal de los restantes acusados. Las otras defensas podrían invocar lo resuelto por el STJ y solicitar sobreseimientos cuando el expediente vuelva a radicarse ante el Tribunal de Juicio.
De esta manera, una investigación que comenzó formalmente el 11 de marzo de 2016, a partir de hechos denunciados públicamente a fines de 2015, llega más de diez años después a una instancia decisiva sin que hasta el momento se haya desarrollado el juicio oral.
