Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | Una década después, la investigación por presuntas irregularidades en obras públicas de Basavilbaso, iniciada en marzo de 2016 a partir de una denuncia del entonces Intendente Gustavo Hein, llega a su fin sin que se lograran esclarecer los hechos denunciados, vinculados con la gestión municipal que lo precedió.
La causa, impulsada por Hein en su carácter de denunciante y no de acusado, termina sin respuestas sobre las presuntas irregularidades que motivaron la intervención de la Justicia.
Entre los investigados figuraba Mariano Gabriel Verbauvede, quien se desempeñó como Secretario de Obras y Servicios Públicos entre 2011 y 2015, del Intendente Silvio Valenzuela.
También fueron imputados el empresario Oscar Pereyra, fallecido el año pasado, y los ingenieros Silvio Vallejo, Martín Caballero, Hugo Toneguzzo, Héctor Conte y Gisela Viola.
Uno de los ejes de la investigación fue la obra de cloacas del barrio Estrada, financiada en el marco del programa nacional "Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria", con intervención del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), que quedó inconclusa.
Durante los años siguientes, la investigación atravesó extensos períodos sin actividad judicial. Uno de los más prolongados se extendió desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021, más de dos años sin nuevas medidas, según la cronología presentada por las defensas.
En abril de 2023, más de siete años después del inicio de la causa, el expediente fue remitido a juicio, pero el debate oral nunca llegó a realizarse.
En este contexto, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso el sobreseimiento de Gisela Viola, Leonardo Schaaf y Oscar Augusto Pereyra, tras declarar insubsistente la acción penal por la duración y tramitación del proceso.
El sobreseimiento no significa que la Justicia haya determinado que las irregularidades denunciadas no existieron ni que los acusados hayan sido declarados inocentes tras un juicio.
La decisión respondió al tiempo transcurrido y a las circunstancias procesales de la causa, sin que se realizara el debate oral para analizar las acusaciones.
Así, una investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos llega a una instancia decisiva diez años después de su inicio, sin que los hechos denunciados hayan podido ser examinados en un juicio oral. La decisión todavía podría ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
