Lunes 01 de Agosto del 2022 a las 07:28 hs.

"Instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción"

Judiciales | Se reanudó el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, aseguró el Fiscal de juicio, Diego Luciani.



El Tribunal Oral Federal 2 (TOF) escucha desde este lunes, en su rol de parte acusadora, al Fiscal de juicio Diego Luciani, quien expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.


"Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz", disparó de movida el representante del Ministerio Público Fiscal.


Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su "amigo Lázaro Báez" como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción. Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país.



El Fiscal arrancó su alegato con una crítica a la querella de la UIF y evaluó que "no podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable", en alusión a la decisión del organismo de no acusar y pedir absoluciones por asociación ilícita y defraudación pública.


Además, manifestó que Báez era un empleado bancario "monotributista" y fundó la empresa "Austral Construcciones" días antes de la jura del fallecido Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.


"Hubo una estructura estable que permitió la apropiación de fondos", dijo en relación a que según su interpretación las empresas de Báez fueron una "cáscara vacía".


Austral Construcciones "no fue una verdadera empresa, sino un instrumento", consideró y remarcó que Báez no tenía "experiencia en construcciones viales" y en pocos años consolidó en Santa Cruz "un conglomerado de empresas".


La "finalidad de la asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros", dijo.


En la última jornada, previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio y termina el lunes, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez, en ese período.


La UIF motorizó hace tres años la investigación aportando pruebas, sin embargo con el cambio de Gobierno y la remoción de aquellos funcionarios, ahora pide la absolución.


El organismo consideró "irresponsable avanzar en la acusación" por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.


Lo mismo ocurrió con la Oficina Anticorrupción (OA), que era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, a partir del cambio de Gobierno y de funcionarios, por lo cual tras la presentación de la Fiscalía llegará el turno de las defensas.


El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de la defensa de la Vicepresidente, a cargo del abogado Carlos Beraldi, y ratificó la continuidad del juicio oral. Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del Fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.


Tanto la Vicepresidente como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.


El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres Jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.


En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.


También son juzgados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.


Según la acusación Fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.