La UCR impugnó la designación de Smaldone en el Senado

A la acción de inconstitucionalidad para la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos promovida por el ex convencional constituyente por la UCR, Juan Carlos Arralde, ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), ahora se suma la impugnación que realizó el centenario partido en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. En la presentación, con las firmas de su presidente, Jorge Marcelo D’Agostino, y su secretario, Elías Eduardo Ruda, el radicalismo advirtió la existencia de una “eventual y virtual flagrante comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público de los senadores”, por lo que sugirieron que se deben “abstener de seguir adelante con el procedimiento del acuerdo, bajo pena de nulidad y de ser sometidos a proceso penal”, según indicaron a esta Agencia. En los argumentos, los dirigentes del radicalismo remarcaron que “se pretende nominar a la presidencia del Tribunal de Cuentas al ministro de Trabajo, integrante del poder Ejecutivo, sin cumplir con el requisito constitucional de pasar por el concurso público que obliga la Constitución la que quiso dotar al nombramiento de los funcionarios mencionados con la máxima transparencia, imparcialidad y objetividad, considerando precisamente la calidad, responsabilidad y naturaleza de las funciones que rodea cada uno de tales cargos”. En ese marco, indicaron que “se esgrimieron como argumento para el envío del pliego la ausencia de una norma reglamentaria de la Constitución, lo que representa una completa paradoja, debido a que si no hay norma de la Legislatura, debiera de haber norma desde el poder Ejecutivo, tal como la misma Constitución obliga al pretendiente”, y apuntaron que el artículo 281 de la Carta Magna “se encuentra vigente y es resorte obligatorio del Ejecutivo darle curso”. Además, afirmaron que si los Senadores, “aceptan que el Ejecutivo remita un pliego para designar en contra de la Constitución a una persona que debería someterse a concurso y sostienen que el concurso no existe porque no está reglamentado, entonces, estarán de hecho promoviendo el bloqueo a sus propias Leyes, ya que usarían el principio de que si el Ejecutivo no reglamenta la norma, la norma no existe. Y si ése principio lo aplican para el artículo 217 de la Constitución, como lo que es en mas es en menos, todas las Leyes que aprueben, serán sometidas, además de al veto del gobernador a su humor para reglamentarlas y ponerlas en ejercicio, y eso es humillante para cualquier legislador, que no se encuentre contagiado de ’anomia boba’ en los términos de Carlos Santiago Nino”. En ese sentido, remarcaron que si los legisladores si siguen adelante “hoy, mañana o después de 2015 será la justicia penal la que evaluará la responsabilidad de quienes, a sabiendas de lo que corresponde, hacen lo indebido”. Por otro lado, desde la UCR insistieron que el ” trámite ilegítimo”, y debe poner “en alerta a los senadores, sobre la deuda que la Legislatura tiene con la sociedad después de más de cinco años de sancionada la reforma Constitucional del año 2008″. Fuente: AIM.